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Prof. Carlos Sánchez

El reciente pronunciamiento del Presidente de la República a favor de la municipalización del Poder Judicial ha traído a mi memoria dos artículos que en meses pasados escribí para desarrollar algunos tópicos sobre la democracia directa, más allá de la supuestamente participativa en la que vivimos: “Caracas vs. los municipios” y “Aunque gane Chávez”, que pueden volver a leer en mi página de Facebook.

Más allá de que sea un pronunciamiento efectista (pues hasta ahora es solo eso), abrir las puertas del sistema judicial a la gestión popular es la única medida que realmente puede revertir el grave problema de inseguridad que hoy padece Venezuela, primera preocupación de los ciudadanos en todos los estratos, clases y grupos sociales.

Municipalizar la justicia significa, si se aplica en rigor el concepto de democracia directa aplicado en Suiza y algunos países escandinavos, que en cada municipio las comunidades elijan a sus jueces, revoquen sus funciones, instituyan tribunales para cada competencia o creen un colegio tribunalicio con múltiples competencias, controlen la función policial y administren el sistema penitenciario. Todo por supuesto sujeto a procesos de institucionalización, consulta pública y referéndum.

En ese sentido, municipalizar la justicia sería sin duda un avance en el proceso de empoderamiento de las comunidades y la posibilidad de que sean dueñas de su propio destino, de la gestión de las mejoras de sus condiciones de vida y también culpables de sus miserias.

Si bien me suscribo a esta intención (¿?) del señor Presidente, porque sin duda ha “arrimado una al mingo” en el tema de la impunidad y los retrasos procesales, considero, no obstante, que es insuficiente en la consecución de un Estado democrático en el que de una vez por todas la planificación de las políticas nacionales, estadales, municipales y comunales esté en manos del pueblo. La institución de los consejos comunales es sin duda el mayor avance que en esta materia se ha producido en el Estado venezolano, mas también es cierto que su efectividad se ha visto limitada por los vicios partidistas, el clientelismo, la corrupción y sobretodo por su dañina dependencia de la afiliación política con el gobierno central.

En realidad ha sido un “estira y encoge”, pues en el papel las comunidades organizadas (sin condicionamientos partidistas) deben y pueden gestionar soluciones para sí, pero en la realidad la falta de una logística institucional con la intermediación de los presupuestos municipales participativos (alcaldías) hace que en el tránsito de las decisiones, los recursos y la contraloría del proceso entre Caracas y cada consejo comunal, se diluya el Poder Popular para dar paso a los intereses particulares de los funcionarios involucrados en todo ese proceso. Sin lo mismo va a suceder con la municipalización de la justicia, no puedo menos que adelantar otro fracaso en la institucionalidad democrática.

El paso que no termina de dar la Revolución, acaso por miedo a perder el control absoluto sobre los inmensos recursos del país concentrados en Caracas provenientes del mal llamado “interior” del país” (centralismo, contrario a la democracia directa), es entregar en los estados, municipios y comunas la posibilidad de administrar sus propios recursos y que basados en sus realidades particulares, puedan tener sistemas judiciales, educativos, asistenciales, económicos, culturales, etc. organizados según sus necesidades (cantidad de población, nivel social, recursos disponibles).

Ejemplo de ello es el mismo problema de la inseguridad. No es lo mismo organizar un sistema de seguridad en Carabobo que en Amazonas. Si bien deben existir políticas macro para la nación, los índices delictivos y el tipo de delitos requieren en Carabobo una logística policial, un sistema de tribunales y una red carcelaria distintos a los de un estado fronterizo, por ejemplo.

Todo esto sería posible solo si los ciudadanos desarrollaran conciencia de comunidad y amor por la patria chica, superior a la lealtad partidista o la fidelidad a un líder temporal que usan el “mito del país” como método de control sobre una masa nacional homogénea que no es tal.

Si lográramos entender que el interés primigenio de un venezolano debe ser el de su comunidad y su municipio, podríamos parafrasear con el filósofo del pueblo, Jorge Tuero, que las revoluciones y a veces los países pasan, pero las comunidades quedan.

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